Por Matías Lutero

«El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.» Marx y Engels, El Manifiesto Comunista (1848).

Hay una oposición que estructura todo el debate político internacional: democracia versus dictadura.

Los Estados se clasifican según ella, se sancionan o se premian según ella, se legitiman o se destruyen según ella. Pero esta dicotomía no describe la realidad, sino que la construye. Y lo que construye, ante todo, es un velo sobre la pregunta que al liberalismo le incomoda responder: ¿qué clase social controla el Estado?

La democracia liberal se define, para la mayoría de la gente, por procedimientos. Conveniente, porque excluye sistemáticamente la pregunta que siempre es incómoda: ¿quién manda, independientemente de la forma institucional?

Para Marx y Engels, esa pregunta tenía una respuesta que irritaba entonces y sigue irritando hoy: el Estado no es un árbitro neutral. Es la junta que administra los asuntos comunes del empresariado. Su función no es garantizar el interés general, sino las condiciones de acumulación del capital.

La democracia liberal es, desde esta perspectiva, una forma de dictadura de la burguesía. Ofrece libertades formales (de prensa, de asociación, de expresión) pero el poder real reside en la propiedad de los medios de producción. El trabajador que asiste al local de votación a sufragar es igual al empresario ante la ley. Pero esa igualdad formal coexiste con una desigualdad material radical que determina quién puede convertir sus intereses en política pública.

Los países que Occidente presenta como democracias modelo (Estados Unidos, Reino Unido, etc.) han ejercido históricamente formas de dominación incompatibles con su propia definición.

El truco es lograr que los intereses particulares de una clase sean percibidos como intereses universales. Gracias a ello, Estados Unidos puede exportar (etiquetándolo como «democracia») condiciones institucionales favorables a la expansión del capital.

Cuando esas condiciones requieren sostener a Pinochet en Chile o a las monarquías del Golfo Pérsico, la retórica democrática se silencia o se invierte sin mayores explicaciones.

Un régimen que garantiza la libre circulación del capital y la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía es una dictadura del capital, llámese democracia o república. Y los regímenes que Occidente cataloga como dictaduras han sido, con frecuencia, aquellos que osaron redistribuir la tierra, nacionalizar recursos naturales o subordinar el capital transnacional al interés colectivo.

Hay una pregunta más profunda aún, que esta dicotomía bloquea sistemáticamente: ¿qué sociedad queremos?

La tarea histórica del proletariado (o de la clase trabajadora, o de los asalariados, como guste) no es conquistar la democracia burguesa sino superarla. La respuesta que la tradición emancipatoria ha elaborado con más coherencia es también la más exigente: una sociedad sin clases, donde el Estado deje de ser instrumento de dominación de unos sobre otros y se extinga en la medida en que se extingan las condiciones que lo hacen necesario. No un Estado mejor administrado.

El debate no es ¿democracia o dictadura? sino ¿democracia de quién y para quién?

La democracia burguesa garantiza la libre circulación del capital, la escucha y ve; con la explotación del trabajo, la devastación del medioambiente y la exclusión de facto de amplios sectores de la vida política real.

La democratización real —no la ampliación de procedimientos formales, sino la transformación de las relaciones de poder materiales— exige ir más allá del Estado burgués y en eso yerran quienes enarbolan las banderas de la «radicalización de la democracia» como tesis de lucha.

La dicotomía que el liberalismo instala entre democracia y dictadura cumple una función ideológica: la de desplazar la atención de las relaciones materiales (de poder) hacia las formas que son institucionales, y con ello, naturalizan la dominación de clase que subyace a ambos términos.

La pregunta que debe importar no es si un régimen celebra elecciones, sino, si las relaciones sociales de producción permiten a los seres humanos controlar y coordinar colectivamente las condiciones de su propia vida.

Frente a esa pregunta, las democracias liberales responden de manera insatisfactoria, no porque no celebren elecciones, sino porque las elecciones que celebran no modifican el hecho fundamental: que, al día siguiente, el dueño del fundo sigue siendo dueño del fundo.